EL IIRSA, OTRO EJEMPLO DE DEPENDENCIA ECÓNOMICA Y POLÍTICA SILENCIADO
Para el sociólogo Luis Fernando Novoa, de la red Brasil sobre instituciones Financieras multilaterales, la iniciativa representa la etapa final de las reformas neoliberales llevadas a cabo desde 1990. " Los sectores económicos que sobreviven a los procesos de reestructuración son absolutamente dependientes de los mercados internacionales como proveedores intermediarios o distribuidores".
El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN,1994), EL Área de Libre Comercio para las Américas ( ALCA 1994), El Plan Colombia (1999), La Integración para la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA 2000 ) y el Plan Puebla Panamá ( PPP 2001) son distintos elementos estructurante de la política hegemónica de los Estados Unidos para las Américas y el Caribe.
El 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000, durante la reunión de presidentes sudamericanos realizada en Brasilia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó la propuesta “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana”.Nacía así el IIRSA un ambicioso plan para la ejecución de proyectos físicos y cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales para facilitar el comercio regional y global.
El proyecto IIRSA es un proceso multisectorial que pretende desarrollar e integrar las infraestructuras de trasporte, energía y telecomunicaciones en un plazo de diez años. Se trata de organizar el espacio geográficos en base al desarrollo de una infraestructura física de transporte terrestre, aéreo y fluvial, de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y tendidos electrónico y de fibra óptica, entre los más destacados. Esas obras se materializarán en doce ejes de integración y desarrollo. Corredores que concentraran las inversiones para incrementar el comercio y crear cadenas productivas conectadas con los mercados del mundo, principalmente América del Norte y Europa.
para poder llevar adelante este megaproyecto es necesario remover las “barreras” físicas, normativas y sociales, lo que supone realizar grandes obras, armonizar las legislaciones nacionales de los doce países implicados en el IIRSA y ocupar los espacios físicos claves que suelen tener baja densidad de población pero guardan las principales reservas de materias primas y biodiversidad de la región.
¿Qué se esconde detrás de la IIRSA?
El IIRSA apareció ligado al ALCA. El ALCA que constituía la estructura jurídica administrativa mientras que el IIRSA provee la infraestructura necesaria para concretar ese proyecto de liberalización comercial impulsado por Estados Unidos. Ambos ligados a un proyecto más vasto del que forma parte también el Plan Puebla Panamá.
A partir de la cumbre del 2005 el ALCA entro en crisis, al punto que muchos ya lo consideran un proyecto muerto. Hugo Chávez quien lo mando ALCArajo lo definió claramente como un tratado de adhesión y una herramienta más del imperialismo para la explotación de Latinoamérica. Como contrapropuesta Chávez fomentó el ALBA ( Alternativa Bolivariana para la América ). A pesar de esto las normas y reglas que contenían el Acuerdo se siguen discutiendo a través de los tratados de libre comercio que se negocian bilateralmente (TBI). Entre otros temas se discuten: barreras arancelarias, el acceso a mercados, bienes y servicios de intercambio comercial, inversión extranjera, privatización de bienes y servicios públicos, agricultura, derechos de propiedad intelectual, subsidios y medidas antidumping, libre competencia, etc.
La IIRSA tiene la particularidad de ser un tipo de integración nacida en el Sur, gestionada en gran medida por las elites del Sur, pero que beneficia a los sectores mejor insertos en el mercado internacional, es por eso que el imperio también garantiza su implementación, administrativas jurídicas y militar ( el plan Colombia es el brazo armado de estos proyectos, fue presentado por primera vez al congreso de los Estados Unidos en 1999 su texto original en ingles fue elaborado antes por la CIA, su accionar es acallar la resistencia, acaparar los bienes comunes de América Latina, es una trampa que es sólo para Colombia, es un plan regional proyectado por EEUU para donde haga falta.
El énfasis en las obras de infraestructuras aparece vinculado a la necesidad de las materias primas y nuestros bienes comunes. Y hacerlo de modo “competitivo”, o sea reduciendo los costos. Los análisis críticos del proyecto sostienen que este tipo de desarrollo generará más pobreza y mayores desigualdades, aumentará la concentración de riqueza a escala local y global y tendrá profundos impactos ambientales.
Entre consecuencias negativas, la deuda externa de los países de la región seguirá creciendo y la sobreexplotación de los bienes comunes pueden llevar que en algunas décadas los países que cuentan con petróleo o gas como su principal riqueza, acaben por agotarla sin haber obtenido ninguna ventaja.
Por último la forma en que se está implementando la IIRSA es muy grave, ya que los proyectos se están llevando adelante en silencio. Así como en todo el continente hubo un amplio debate sobre el ALCA y los TLC (Tratado de Libre Comercio) los proyectos vinculados a la IIRSA se vienen realizando sin participación popular, sin información por parte de los gobiernos. Los proyectos se están construyendo al mismo tiempo, por separado, para más tarde enlazarlos, lo que impide la vigilancia y control de las poblaciones afectadas y facilita que se burlen las normas ambientales.
El aspecto más perturbador es si la creación de esta enorme red de infraestructura no conseguirá finalmente, imponer los mismos objetivos del ALCA pero sin ese nombre, sin debate, de modo vertical, por parte de los mercados y las elites. Si esto fuera así, tal vez en unas décadas se haya consumado, de forma invisible, un gigantesco proyecto que remodela todo el continente y afecta a todos sus habitantes.
En el SEMINARIO SUBREGIONAL ORGANIZADO POR EL COMITÉ DE COODINACIÓN DE LA IIRSA, EN 2003 EN LIMA , SE DIFINIERON TRES OBJETIVOS:
_ Apoyar la integración de mercados para mejor el comercio intra-regional.
_ Apoyar la consolidación de cadenas productivas para alcanzar competitividad en los grandes mercados mundiales.
_ Reducir el costo sudamericano a través de la creación de una plataforma logística vertebrada e inserta en la economía global
SE HAN DEFINIDOS 10 EJES, LA MAYOR PARTE DE LOS CUALES ESTÁN INTERCONECTADOS, CADA UNO DE ESOS EJES COMPRENDEN VARIOS PAÍSES.
· Eje Andino ( Venezuela-Colombia-Ecuador-Perú-Bolivia)
· Eje Andino del Sur (Chile-Argentina-Bolivia)
· Eje del Amazonas (Colombia-Ecuador-Perú-Brasil)
· Eje Interoceánico Central (Perú-Chile-Bolivia-Paraguay-Brasil)
· Eje Interoceánico capricornio (Antofagasta/Chile-Jujuy/Argentina- Asunción/Paraguay -Porto Alegre/Brasil)
· Eje del Escudo Guayanés (Venezuela-Brasil-Surinam-Guyana)
· Eje MERCOSUR (Brasil-Uruguay-Argentina-Chile)
· Eje del Sur ( Talcahuano/Concepción/Chile-Neuquen/Bahía blanca/Argentina)
· Eje Amazónico del Sur (Perú-Brasil-Bolivia)
· Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná (Bolivia-Brasil-Paraguay-Argentina-Uruguay)
Gran parte de estos proyectos ya están en marcha auque no se menciona que forman parte de la IIRSA. Por otro lado se definieron siete procesos sectoriales de integración para identificar los obstáculos de tipo normativo e institucional que encuentra el proyecto.
Los siete procesos son:
Mercados energéticos regionales, sistemas de trasporte aéreo, de transporte marítimo y de transporte multimodal, promoción de las tecnologías de información y telecomunicaciones, facilitación de los pasos de frontera y modalidades de financiamiento.
Estos procesos mencionados anteriormente estan relacionados en forma directa al IIRSA. Otros relacionados en forma indirecta se siguen desarrollando en forma silenciosa, pero son parte de un plan más general para adecuar las leyes represivas que permitan perseguir a nivel internacional a todos aquellos que se opongan a sus planes de saqueo y sometimiento, como LA LEY ANTITERRORISTA
La silenciosa aplicación de la Ley Antiterrorista en América Latina y el montaje de una estrategia de invasión y división de los pueblos latinoamericanos
La crisis mundial que ya es una realidad y que de a poco crecerá como una bola de nieve hace prever nuevos enfrentamientos entre la clase trabajadora y los gobiernos que alimentan el sistema capitalista. América latina, en su condición de región privilegiada para la producción de alimentos, petróleo, recursos forestales y minerales, y también como reserva mundial de agua potable es sin duda uno de los lugares donde el imperialismo buscará establecer sus garras para controlar toda esa serie de bienes comunes. Evidencias sobran. En los últimos años, una ley llamada "Antiterrorista" fue "sugerida" por el Pentágono a todos los países latinoamericanos, y la mayoría de ellos, incluida Argentina, han accedido servilmente a su aprobación. El texto es prácticamente el mismo para todos los países y tiene por objetivo castigar y penalizar todo intento de organización política revolucionaria, toda acción política que atente contra la legalidad inhumana del sistema, y fundamentalmente homogeneizar formas de represión en todo el continente permitiendo en muchos casos la injerencia de tropas norteamericanas, fundamentales con su presencia para garantizar el acceso a los recursos naturales de nuestra Patria Grande. Si bien esto no es nuevo en nuestra historia, después de quedar desacreditadas las dictaduras militares, y posteriormente las dictaduras liberales como las de Menem o Fujimori, y ahora, también desacreditadas las pseudodemocracias progresistas, como las de Kirchner, Bachelet, Lula o Tabaré Vazquez, parece ser el momento adecuado para endurecer las leyes represivas y hacerlas una sola que ataque tanto al uruguayo como al salvadoreño, al peruano como al chileno, al argentino o al colombiano. Sin involucrarnos más en detalle en los artículos de la Ley antiterrorista, nos proponemos graficar en esta nota, como ya se está aplicando en Latinoamérica de manera implícita esta legislación retrógrada a los fines de una ocupación estadounidense efectiva en la región.
En Paraguay, algo que sucede ya hace mucho tiempo, y que en la actualidad se entremezcla con la supuesta intromisión de la guerrilla colombiana es el asesinato de campesinos en las fincas de los grandes terratenientes del país guaraní. A esto se suma la represión a la ocupación por parte del campesinado de las tierras ociosas e improductivas, en un país donde cerca del 70% de la población es campesina. Sólo por citar algunos de estos hechos, el grupo paramilitar denominado “La Montada”, que arguye ser personal de seguridad privada, destruyó los primeros días de febrero las viviendas de unas 160 familias en un paraje rural llamado Colonia El Triunfo que abarca 2.600 hectáreas en donde se encontraban asentadas las familias desde hace ocho años. El desalojo se realizó en forma mixta, con el aparato repreviso legal y el ilegal, es decir, en presencia de la policía y de oficiales de justicia que dejaron el operativo en manos de los civiles armados. Generalmente este tipo de causas son llamadas “invasión de tierras”, lo que da lugar a allanamientos en viviendas de campesinos que son identificados como líderes o referentes de los sectores afectados. Ese fue el caso, también en febrero pasado, del campesino Casildo López, a quien buscaban detener por ser identificado como dirigente campesino y sobre el que pesan desde entonces varias órdenes de captura.
En Paraguay, la presencia de tropas militares estadounidenses es moneda corriente hace varios años, especialmente en la zona chaqueña de Benjamín Acheval y Cerrito, donde existen efectivos yanquis operando como instructores de las Fuerzas Especiales del Ejército Paraguayo. Mientras Lugo avala impunemente la injerencia yanqui, durante este año recibió la visita de varios mega empresarios locales, como la ganadera Marys Llorens, que lo felicitó por el “operativo de seguridad” que se efectuó en alguna de las tierras aledañas a sus fincas. Los operativos de seguridad son en Paraguay un eufemismo de patoterismo contra las comunidades campesinas y asesinatos selectivos que generalmente terminan con campesinos muertos, argumentando enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad. En casi todos los casos las excusas son las mismas: o toma de tierras, o posible vinculación de un determinado personaje o una determinada colonia campesina o un determinado grupo político con las FARC colombianas.Como muestra de la utilización constante de esta hipótesis, puede citarse la reciente noticia de la aparición de un búnker subterráneo, en estado de abandono que según la prensa habría sido utilizado por el partido Patria Libre para realizar secuestros, o por las FARC para utilizarlo como laboratorio para procesamiento de drogas. Ante cualquier hecho policial, los diarios paraguayos relacionan las hipótesis más disparatadas con la guerrilla terrorista local y las FARC.
En Chile, también durante el pasado mes de febrero, el gobierno decidió invocar la Ley Antiterrorista en el caso de Miguel Angel Tapia Huenulef, un activista Mapuche detenido tras un violento operativo simultaneo registrado en la comuna de Lo Prado, zona metropolitana, y en el sector rural de Huichahue. Fue el mismo ministro del Interior de Chile, Edmundo Pérez Yoma, quien sostuvo que en el caso del compañero Tapia Huenulef "se configuran todos los antecedentes de una organización o el intento de una organización terrorista, por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la Ley Antiterrorista en este caso”. Generalmente contra los mapuches se aplica la figura de "incendio terrorista", cada vez que alguna forestal que ocupa tierras mapuches arde en llamas. Esta no fue la excepción para culpar a Tapia de un incendio ocurrido en enero de este año en el findo San Leandro. La policía alega haber encontrado armas y explosivos en la casa del imputado, algo que fue calificado de plantación de prueba por su familia. El caso del compañero mapuche inaugura en Chile, y también en Latinoamérica, la aplicación abierta y no encubierta de la Ley Antiterrorista. Su aprobación en cambio, es la más antigua y data de la época de Pinochet. Con esa legislación hace “justicia” la “socialista” Bachelet.
La articulación de diferentes proyecto represivos para garantizar el saqueo está a la orden del día, así el Plan Puebla Panamá hoy MESO-AMÉRICA se articula con el plan MERIDA. El Plan Mérida pasa a complementar a los otros en territorio mexicano, con jugosos aportes de Estados Unidos a la seguridad, y otros aportes mucho más raquíticos destinados al desarrollo. Entiéndase al Plan Mérida como una prolongación al norte del Plan Colombia. El Plan Mérida o Plan México, cobró justificación mediática una vez que el presidente colombiano Uribe invadió territorio ecuatoriano en Sucumbíos para atacar a las FARC y asesinar a uno de sus líderes, Raúl Reyes. Desde entonces surgió la hipótesis de que la guerrilla colombiana tendría sus oficinas en México y que habría que financiar su represión también en territorio mexicano.
Como se ha visto en las noticias de los diarios paraguayos el argumento es el mismo mirando al sur: están las FARC y se vinculan a los grupos políticos locales como Patria Libre, en Paraguay. Hay que recordar que los marines controlan con su presencia y sus bases la zona de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, bajo el mismo argumento del terrorismo. Justamente allí se encuentra el Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua dulce de Sudamérica y una de las principales del mundo y la posición es además estratégica por la cercanía con la convulsionada Bolivia, y con la zona del Río de la Plata.
Algunos especialistas en el tema, como Ana Esther Ceceña, doctora en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Paris I – Sorbona, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (México) y Coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, sostienen que después del ataque a Sucumbíos ejecutado por Colombia, pero orquestado por Estados Unidos, se busca la posibilidad de que un país latinoamericano ejecute la política de “guerra preventiva”, con la que Estados Unidos e Israel bombardean al mundo.
De acuerdo a Ceceña, “de no haber sido por esa reacción tan fuerte del gobierno ecuatoriano, realmente estarían perfilando ya una intervención directa en cualquier país del continente”. Justamente, en la zona de la cordillera también hay recursos comprometidos del Plan Colombia para Ecuador y Perú. Ecuador por ahora está a salvo de acuerdo a las políticas soberanas que ha llevado adelante el presidente Correa, pero que hubiera pasado si la invasión ocurría en alguna región amazónica del Perú, donde Estados Unidos tiene al viejo y conocido Alan García gobernando el país por segunda vez. Si de injerencia yanqui hablamos, existen dos proyectos de establecer bases militares norteamericanas en el Perú, en las regiones de Chiclayo y Ayacucho. Se supone que la presencia yanqui en esa zona del Perú sería inmejorable para realizar tareas de monitoreo y vigilancia hacia las zonas que realmente interesa al imperialismo yanqui, como la zona sur gasífera de Bolivia, o la zona norte y petrolera de Argentina. Geográficamente, una base militar en Ayacucho dejaría a la ciudad de La Paz en amenaza permanente, ya que podría ser alcanzada con misiles de alcance medio, mientras que una base en Chiclayo controlaría directamente la región del Amazonas y también al rebelde Ecuador, que ha elevado a rango constitucional la idea de que el país es un territorio de paz por lo que no necesita ni bases ni tropas extranjeras en su territorio. El montaje de bases en Perú sencillamente facilitará el acceso a los variados y ricos recursos naturales del país, y será asiento fundamental de ataques y movimiento de tropas al interior de Sudamérica.
Hay que recordar que el gobierno argentino tiene cautivos en la provincia de Neuquén a los compañeros Freddy y Marcelo, dos luchadores sociales que vinieron al país escapando de la persecución que sufrían en Chile también acusados de terrorista. En la provincia de Córdoba, en la cárcel de Bower, a Mario Liñán, detenido en un operativo insólito para sus familiares y vecinos por la brigada antiterrorista de la policía federal, en diciembre de 2008 acusado de terrorismo por los jueces sin rostro de Fuyimori. Como los seis campesinos paraguayos que permanecieron más de dos años presos en Argentina pidiendo un refugio que derivó en extradición. Los compañeros chilenos llevan ya un año presos con la soga de la expulsión al cuello, a la espera de ser juzgados por la justicia paralela civil y militar de Chile al igual que el compañero Mario Liñán que ya lleva preso 4 meses esperando que se resuelva su pedido de extradición.
En ambas causas, el gobierno primero de Nestor Kirchner, y después de su esposa Cristina Fernández, actúa bajo el paraguas de la Ley Antiterrorista, avalando con la prisión las acusaciones que los compañeros tienen en sus países de origen. También durante este gobierno con su mayoría en diputados ocurrió la aprobación de la ley, además de firmar en el año 2005 la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, así como ampliar la capacidad operativa del Departamento Unidad de Investigaciones Antiterroristas perteneciente a la Policía Federal Argentina.
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