miércoles, 14 de abril de 2010

Dossier sobre la causa contra el M.P.R. Quebracho (Argentina)

Reproducimos mas abajo el dossier que los compañeros del Movimiento Patriótico Revolucionario QUEBRACHO, de la Argentina, han elaborado.
Unir a los que Luchan, Solidaridad Internacionalista;
deber de todos los Revolucionarios!!!

Comite Editorial P.K.K.



DOSSIER INFORMATIVO


22 de abril, 10 hs, Comodoro Py

JUICIO A QUEBRACHO, IMPUNIDAD PARA SOBISCH


Ya pasaron 3 años de impunidad para los responsables de la muerte de Carlos Fuentealba, un docente argentino, un militante popular asesinado por luchar junto a sus compañeros por verdadera justicia y dignidad. Mientras tanto, quien ordenó la represión, quien amenazó a los docentes neuquinos con sacarlos a la fuerza si bloqueaban las rutas aquel abril de 2007 sigue impune, y un grupo de militantes populares es llevado a juicio por la rotura de unos vidrios y unos muebles. Muchos de ellos corren riesgo de quedar en prisión.

El 22 de abril comienza el Juicio Oral y Público a 14 compañeros de QUEBRACHO que salieron a señalar al responsable y a reclamar por verdadera JUSTICIA ante el asesinato de un trabajador y militante. Los compañeros están acusados de incendio, atentado y resistencia a la autoridad y daños. Lo llevará adelante el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3. La defensa está constituida por FIDELA, Omar Dib y Roberto Perdía.

Esos mismos compañeros, reprimidos y encarcelados el 5 de abril de 2007 cumplieron varias semanas de prisión. En particular, dos referentes de nuestra organización, Raúl "Boli" Lescano y Fernando Esteche, cumplieron 6 meses de prisión. El primero fue secuestrado en pleno centro porteño por patotas de Seguridad del Estado, al estilo grupos de tareas, y el segundo, encarcelado sólo por ser referente de nuestra organización, dado que hasta la misma "justicia" acepta que no participó del escrache. Sólo lograron quedar en libertad por una histórica campaña de solidaridad a nivel nacional e internacional y por la Huelga de Hambre que iniciaron el 21 de agosto de aquel año. Luego de 43 días, consumiendo sólo agua, debieron ser internados en los Hospitales Argerich y Zubizarreta, desde donde fueron finalmente liberados el 2 y 3 de octubre de 2007 respectivamente.

Este juicio significa mucho para las organizaciones populares, para quienes quieren una Patria Justa, Digna y Soberana. Significa un paso más en los intentos por judicializar la protesta, por transformar la lucha y organización en delito. Quieren encarcelar a los que resisten. Ahora van por nosotros pero luego irán por más. Y de allí será difícil volver.

LOS JUECES

Quienes intentarán juzgar a los compañeros de nuestra organización son los jueces Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons.

.Larrambebere fue juez en Morón e intervino en la causa por los hechos posteriores al copamiento del cuartel de La Tablada del 23 de enero de 1989. Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no haber investigado los homicidios y torturas cometidos por militares, por el tratamiento dado a los cadáveres de los incursores (despostados a pedido del Ejército para impedir que se investiguen los motivos de las muertes), por no investigar los desaparecidos y por el rol de la fuerza como auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial.[1] Los cuerpos fueron enterrados por su orden sin previo aviso a los familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.[2]

.Gordo instruyó siete juicios en el Tribunal Oral Federal n° 5 por delitos de lesa humanidad y resistió con éxito los reclamos para garantizar la publicidad de los procesos. Trabajó hasta septiembre de 1976 en un Tribunal de familia de Lomas de Zamora que se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés. Su padre, general de brigada Angel Andrés Gordo, fue designado por decreto del dictador Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. El juez se excusó de intervenir en una causa contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego condenado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, porque era amigo de su padre.[3]

.Pons, en 1985, como juez federal porteño, dispuso la captura de ex miembros de Montoneros basándose en la conferencia de prensa que habían dado en 1977, en Roma, para denunciar los crímenes de la dictadura. [4]

El ASESINATO DE FUENTEALBA, LA MANIFESTACION POPULAR DE REPUIDO Y LA REPRESION

El miércoles 4 de abril de 2007, en Neuquén, durante una manifestación de los trabajadores de la educación, mientras cortaban el puente de la ruta 22 que une la ciudad capital con una localidad vecina, la policía provincial, por orden del ex gobernador Jorge Sobisch, reprime para desalojar e intentar desarticular la protesta: Carlos Fuentealba es fusilado. Los hechos son de público conocimiento.

El repudio de grandes sectores de la sociedad no se hizo esperar: en Neuquén, Buenos Aires, Córdoba, Salta, La Plata y en muchas ciudades del interior del país, salieron a la calle trabajadores, estudiantes, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales. Dirigentes del CTA anuncian un Paro para el día lunes 9. Sobisch, cínicamente, sostiene que ordenó la represión. El gobierno nacional mantuvo silencio buscando despegar del conflicto, planteando que se trataba de un problema provincial y que no podían intervenir. En ese marco algunas organizaciones populares acuerdan sin dilación marchar el jueves 5 a las 11 de la mañana hacia la casa de Neuquén para realizar un señalamiento y escrache exigiendo justicia y cárcel a los verdaderos responsables del asesinato del compañero. El operativo policial montado fue gigantesco. Había un doble vallado en diagonal Norte, cinco camiones celulares de Infantería, un camión hidrante y un helicóptero. Ante la imposibilidad de avanzar, se queman gomas delante del vallado y dirigentes de las fuerzas presentes pronuncian breves discursos. Luego, la columna se retira por Av. 9 de Julio, siempre seguida de cerca por la policía, y se dirige al local partidario que el responsable del asesinato de Fuentealba tenía en Bs. As., en las calles Salta y Moreno. Por entonces, el responsable del asesinato del maestro, se postulaba a presidente.

Apenas comienza el escrache, los oficiales de la comisaría 4° de la Policía Federal recibieron la orden del por entonces ministro del Interior Aníbal Fernández (tal se desprende del expediente judicial) para detener la mayor cantidad de gente posible. Comienza una verdadera cacería que se extendió a más de treinta cuadras a la redonda.

Los detenidos en un primer momento fueron 13 compañeros. Todos esposados y luego golpeados. Durante su traslado, se los sometía a agresiones verbales. Luego fueron detenidos otros tres más en las inmediaciones del local de Quebracho (entre ellos, Fernando Esteche, a pesar de no haber estado en el escrache) donde se había convocado una importante cantidad de compañeros planificando la asistencia para los que fueron detenidos.

Fernando Esteche nacido el 17 de Mayo de 1967, en la ciudad de La Plata. Es Licenciado en Comunicación Social y docente en la Facultad de Periodismo de la UNLP. Padre de tres hijas. En 1983 comienza su militancia en la Lista Roja y Blanca, expresión en el Movimiento Secundario de la U.C.R. En el año 1986, comienza a estudiar Periodismo en la Facultad de Periodismo de la UNLP, carrera en la que tiene actualmente su tesis en curso. En los años de su paso por la Facultad, llevó adelante una profusa militancia universitaria en el Movimiento Universitario Intransigente (MUI), expresión en el movimiento universitario del Partido Intransigente, llegando a ser Secretario General del MUI. En Diciembre de 1993 rompiendo con la Juventud del Partido Intransigente, fue uno de los máximos promotores del nacimiento del Movimiento Popular de Unidad QUEBRACHO, que se fusionara con otras fuerzas en 1996 dando origen al Movimiento Patriótico Revolucionario QUEBRACHO, integrando actualmente su Dirección Nacional. Esta organización ha resaltado por su férrea presencia de oposición al menemismo, manteniendo su línea de confrontación con los siguientes gobiernos como el de la Alianza, la transición duhaldista y la gestión de los Kirchner. Sufrió persecución política en reiteradas veces. La más notoria fue la causa iniciada en 1996, bajo las órdenes del Ministro del Interior del gobierno de Menem, Carlos Corach y el armado jurídico del Juez Liporacce, famoso por ser uno de “los jueces de la servilleta”, por la que permanecieron tanto él como otros 2 compañeros, injustamente presos durante 6 meses en la cárcel de Caseros. En ese momento las acusaciones eran por Asociación Ilícit, e incitación a la violencia colectiva, prepotencia ideológica, lesiones, daños agravados entre otra serie de cargos. En su mayoría fueron desestimados en el juicio oral que se llevó adelante en el 2002, demostrándose la burda persecución política que significaban dichas actuaciones judiciales y evidenciando las prácticas ilegales del gobierno de Menem contra las organizaciones del campo popular. De cualquier modo, de aquella causa le quedó una condena en suspenso por 3 años de prisión. Durante el 2005 debió permanecer en la clandestinidad como consecuencia de un pedido de captura librado por el entonces Juez J J Galeano (hoy suspendido por Juicio Político), resultado de una nueva persecución política enmarcada en el procesamiento a una movilización de repudio al Fondo Monetario Internacional. Este pedido de captura fue dejado en suspenso una vez que la Cámara de Apelaciones desestimara la prisión preventiva de los detenidos de aquella causa.

La ofensiva del Ministerio del Interior con el accionar policial no se detuvo. Decenas de policías comienzan a llegar a las inmediaciones del local de Quebracho y a rodearlo. Secuestran el automóvil del Secretario de Cultura y Educación del SUTEBA La Plata, Eduardo Di Bitetti, diciendo que lo tenían denunciado como el auto de Fernando Esteche, a pesar de que el dueño del auto acreditó su titularidad con la documentación pertinente. También quisieron detener a Di Bitetti y a tres compañeros que estaban con él, que se negaron a acompañar a los policías. En una actitud brutal, la policía arrojó gases irritantes hacia el interior del local a donde había más de 200 personas, entre ellas 4 compañeras embarazadas y otras tantas con sus bebés, intentando ingresar por la fuerza. Afortunadamente, la represión que también podría haber tenido graves consecuencias, fue repelida por la resistencia de los compañeros de la autodefensa de las organizaciones presentes.

El juzgado donde recayó la causa no dictó orden de allanamiento en ningún momento como dijeron los policías en su embestida. Finalmente, la solidaridad de organismos defensores de derechos humanos, un grupo de asambleas de maestros de distintos distritos escolares de Buenos Aires, agrupaciones sindicales, partidos políticos, algunos referentes políticos y miembros del CTA, además de la llegada de los medios de prensa, logró torcer el brazo a la represión y hacer que la policía se retire. Entonces, los más de 200 compañeros que salieron del local, junto a los maestros y agrupaciones que se encontraban allí marcharon hacia la comisaría 4° para reclamar por los compañeros presos, pero estos ya habían sido trasladados a la Superintendencia de Delitos Complejos en Lugano. Otra vez, durante el traslado, fueron agredidos verbal y físicamente.

La causa recayó en el Juzgado Federal N° 4 del Dr. Ariel Lijo (el mismo juez que tenía bajo su órbita la causa de los 6 Compañeros Campesinos Paraguayos presos políticos en nuestro país a quienes terminó dictando su extradición, y es el juez en cuyos cajones duerme la causa por responsabilidades políticas de la Masacre del Puente Pueyrredón). La causa recayó en la fiscalía a cargo del Dr. Delgado. Acusaron a los compañeros presos de intimidación pública, incendio, daño, atentado, violación de domicilio y lesiones. Con posterioridad, el juzgado decidió la ampliación de indagatoria por resistencia a la autoridad para algunos de los compañeros.

La defensa se constituyó por los abogados de tres prestigiosos abogados y organismos de Derechos Humanos: FIDELA, Omar Dib y Roberto Perdía.

Todo el procedimiento policial, como lo hemos dejado sentado judicialmente, estuvo viciado de irregularidades, con torturas y apremios ilegales. Asimismo, en el día de la indagatoria, los compañeros sufrieron apremios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad de las dependencias de los Tribunales de Comodoro Py. Esto fue denunciado al Juez Lijo, quien hizo caso omiso. Denunciamos entonces a Lijo, tanto en la causa como ante el Colegio de Abogados.

Aquel 5 de Abril fueron detenidos 16 compañeros y enviados a distintos penales: Maria Ester Gutiérrez en la Unidad 3 de Ezeiza; Tomas Lafit en Marcos Paz (menores de 21 mayores de 18); Facundo Lafit, Matías Lafit, Fernando Esteche, Francisco Da Silva, Joaquín Isasi, Paulo Cerezuela, Martín Lizzano, Jeremías Ramírez, José Gutiérrez y Juan Manuel Cornejo fueron recluidos en el Modulo 1, pabellón Nº 9, del penal de Marcos Paz para mayores. Entre ellos fueron detenidos 4 menores, liberados al día siguiente, pero también siguieron procesados y van al juicio.

En el expediente de la causa que lleva el Juez Lijo, también se encontraban nombrados otros integrantes de Quebracho, que no estaban allí y que fueron perseguidos solo por ser compañeros referentes de la organización. Los abogados presentaron un pedido de eximisión de prisión para ellos, fue concedido y luego salieron de la causa.


UNA CARTA DESDE LA CARCEL. FUNDACIÓN DEL COLECTIVO DE PRESOS POLÍTICOS “CARLOS FUENTEALBA”

14 de Abril de 2007

Complejo Penitenciario Nº2, Marcos Paz, Bs.As.

Queridos Compañeros:

Muchas veces nos ha tocado estar ahí entre ustedes alimentando un acto por la libertad de los presos políticos, hoy las circunstancias hacen que nuestra manera de estar entre ustedes sea de este lado de las rejas.

Sabemos que los primeros momentos después de golpes como el que nos toca sufrir son de gran desconcierto y asoman exageradamente lo mejor y lo peor de cada uno.

Sobre si vale o no la pena romper la casa de un asesino fusilador a cambio de este encierro, simplemente diremos que la respuesta a eso tendrá que construirla cada uno de ustedes, y somos conscientes que hay varias respuestas a esto, todas válidas en el marco de la vocación y las convicciones de cada cual.

Pero también, compañeros, queremos afirmar desde aquí, que ninguno de nosotros siente que estemos presos por una vidriera rota.

A estos sabandijas de la Casa Rosada se les ocurrió la peregrina idea de que se puede encarcelar la rebeldía. Se equivocan... no es un puñado de hombres y mujeres los que azuzan y protagonizan la resistencia. Son miles, decenas de miles de argentinos y no podrán ni encarcelar ni fusilar a todo un pueblo.

Los pequeños de espíritu seguramente están enfrascados en los pérfidos cálculos electorales, preservándose para esas grandes batallas que nunca dieron ni darán.

Sabemos que pueda resultar grandilocuente e incluso inconsistente que en estas circunstancias y desde estas condiciones, afirmemos que ha comenzado el desmoronamiento, que están en cuenta regresiva, pero justamente estas circunstancias y estas condiciones nos afianzan en la idea de que podemos triunfar-

Compañeros, alguna vez saldremos de acá y volveremos a mezclarnos ente ustedes para continuar amasando la rebelión. No duden de nuestra fortaleza y firmeza que tienen como principal aliento la certeza de que ustedes siguen ahí.

Para todos un gran, inmenso, abrazo que los abarque y los abrigue.

Finalmente, decir que sabemos que este dolor donde nos han querido instalar no tiene parangón con la desgracia desgarradora de la familia Fuentealba. Ojalá podamos estar el día en que los bandidos rindan cuenta de sus actos frente al pueblo; porque también estamos convenidos que de un modo u otro la van a pagar. Y nos anotamos ente los que vamos a poner el precio.

PATRIA O MUERTE

COLECTIVO DE PRESOS POLÍTICOS “CARLOS FUENTEALBA”




SECUESTRO Y DETENCIÓN DEL COMPAÑERO RAÚL “BOLI” LESCANO

El martes 17 de Abril, mientras concluía el masivo Acto por el Día Internacional del Preso Político en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao, a unos 50 mts. de la esquina citada, casi frente al Hotel Bauen, una patota de más de una docena de policías de civil, sin identificarse, se abalanzaron sobre los compañeros de Quebracho, Raúl Lescano y Federico Lopardo, golpeándolos con cachiporras y otros elementos contundentes. Los compañeros, se dirigían a una reunión del Congreso Bolivariano de los Pueblos Capítulo Argentino Línea Fuandadora, a realizarse en dicho Hotel céntrico. Raúl Lescano fue arrastrado al interior de un Peugeot blanco que allí se detuvo, sin patente. El secuestro de Lescano provocó la reacción de todos los que estaban desconcentrando en el acto, quienes salieron a perseguir al auto blanco en el intento de rescatar al compañero. El Peugeot huyó a toda velocidad ante la pasividad (¿o complicidad?) de los efectivos policiales uniformados que se encontraban en las inmediaciones.

Durante 3 horas, miembros de organismos de Derechos Humanos y abogados recorrieron las comisarías de la ciudad de Buenos Aires, sin tener respuesta respecto al paradero del compañero. Sólo luego de la presentación de un Habeas Corpus, se notificó que Raúl había sido trasladado a la Superintendencia de Investigaciones en Villa Lugano. El juez Ariel Lijo lo acusa entonces de haber participado de los hechos del 5 de abril, en el escrache al local de Sobisch, imputándole las mismas causas judiciales que a los otros 12 compañeros que quedaron detenidos por manifestarse contra el asesinato del maestro Fuentealba. El juez Oyarbide, además, lo responsabiliza de incidentes ocurridos durante el acto del 17 de Abril, una supuesta agresión a un automovilista, una acusación al menos anacrónica, dado que la supuesta “agresión” se trataba del intento de detener a los secuestradores del compañero. Cabe aclarar que no existía ningún pedido de captura, que las metodologías de detención constituyeron una provocación, llevadas a cabo por el cuerpo de Seguridad del Estado que recibe órdenes directas del por entonces Ministro del Interior, Aníbal Fernández. Esto no resultó llamativo ni al juez Lijo, ni a la Cámara de Apelaciones, ni a los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a donde se hicieron las denuncias. Raúl Lescano fue trasladado al Penal de Marcos Paz.

Raúl “Boli” Lescano nació el 20 de febrero de 1950, en Santa Fe. Padre de tres hijos. Desde muy joven inició su militancia revolucionaria, integrando el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Se incorporo a la Compañía de Monte Ramón Rosas Giménez del Ejército Revolucionario del Pueblo. Fue Preso Político durante la Dictadura de la “Revolución Argentina” (1971-1973) logrando la libertad con el Devotazo; nuevamente preso político con el Estado Policial de Isabel Perón y su Triple A (1974-1976); y con la Dictadura Militar de Videla y Cia. (1976-1983). Fue uno de los presos políticos de la Dictadura Militar del 76'que más tarde fue liberado, habiendo conseguido su libertad ya avanzado el gobierno de Alfonsín, en Junio del año 1984, luego de llevar adelante una huelga de hambre. Una vez en Libertad, trabajó en los medios gráficos, en el armado de la Revista “Entre Todos” del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Viajó a Nicaragua en solidaridad con la Revolución que estaba llevando adelante este pueblo hermano.

Militó en la Agrupación 9 de Julio, integrando su dirección. Más tarde, dicha Agrupación fue parte fundadora del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho. Hoy forma parte de este Movimiento, en el que integra la Mesa Política Nacional.

LIBERACIÓN DE 9 COMPAÑEROS. PRISION PREVENTIVA PARA ESTECHE, LESCANO, LIZZANO E ISASI

El día viernes 20 de Abril, luego de una intensa campaña de solidaridad, se logró la liberación de 9 de los 13 compañeros, pero la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento y son enviados al juicio del 22 de abril. El Juzgado confirmó el procesamiento con prisión preventiva para otros 4. La resolución fue apelada por la defensa fundamentando que el fallo de procesamiento, básicamente, se fundaba en la teoría penal de autor (la misma que anima el espíritu de la Ley Antiterrorista) según la cual, el imputado es juzgado por quien es, en este caso, y sobre todo en el caso de Esteche y Lescano, referentes históricos de la militancia popular e integrantes de una reconocida organización política opositora, y no por lo que se les pueda probar que hallan hecho en los autos investigados. De hecho, en el caso de Esteche, el fallo establece claramente el conocimiento de que el compañero no participó del escrache, pero el Juez decide adjudicarle responsabilidad en grado superior por saberlo dirigente de dicha organización. La apelación quedó radicada en la Cámara de Apelaciones Sala II. La Sala resolvió la confirmación del procesamiento para el grueso de los imputados en idénticos términos a como fuera dictado por el tribunal de alzada: falta de mérito para 3 de los imputados y confirmó los cargos y el espíritu del fallo para los restantes 10.

Semanas después logramos la excarcelación para Isasi y Lizzano, pero se reafirmó la prisión preventiva para Lescano y Esteche, lo que confirma la actitud persecutoria contra los dirigentes de nuestra organización. Desde entonces, todos los recursos de apelación fueron denegados. Estas resoluciones significaban que los dos detenidos esperarían el Juicio Oral en reclusión.

UN CRUCE CON EL GENOCIDA ETCHECOLATZ

El 5 de Junio, ya con casi 3 meses de encierro, cuando los compañeros detenidos recibían la visita de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se cruzaron en un pasillo del Penal de Marcos Paz con el genocida Miguel Etchecolatz, donde aún se encuentra preso. Los compañeros lo identificaron y fue nombrado por una de las compañeras visitantes, a quien el genocida pretendió agredir físicamente. A raíz de ello, y en el pleno marco del repudio y odio generalizado que estos tenebrosos personajes tienen en el seno de la sociedad, los compañeros presos políticos cargaron con toda la furia contra él. Producto de ello, los compañeros fueron trasladados al Penal de Ezeiza, donde permanecieron hasta su liberación. Mientras tanto, el genocida Etchecolatz inició una causa por lesiones contra el compañero Fernando Esteche, tramitado en la UFI n° 5 de Morón.

CONNOTACIÓN POLÍTICA DE LA CAUSA

Los sucesos demostraron que la causa estaba siendo utilizada por “la justicia” y el Gobierno con el objetivo de perseguir explícitamente a QUEBRACHO, y con ello, escarmentar a los militantes populares. Se trata de una evidente persecución política que, siguiendo la misma receta que utilizara Menem en la década del ’90, busca, encarcelando a referentes de máximo nivel, amedrentar y frenar la resistencia y la organización popular.

AGRAVAMIENTO CONDICIONES DE DETENCIÓN

Los compañeros, inicialmente detenidos en el Penal de Marcos Paz, fueron trasladados al penal de Ezeiza producto del lamentable incidente con el genocida Etchecolatz. Fueron alojados en el Módulo I. El 17 de Julio, sin que mediara ningún motivo expuesto, las autoridades del penal los trasladaron nuevamente de Módulo. Esta vez, fueron llevados al Módulo IV para menores de edad, donde debieron llevar una vida interna mucho más rígida, al punto de no poder tener contacto ningún otro detenido, permaneciendo encerrados en un pequeño pabellón, en principio sin acceso al agua (ni fría ni caliente) y sin calefacción en momentos que crecía el frío extremo. No tenían permiso para asistir a la biblioteca, patio, gimnasio o para visitas de consolidación familiar, con recrudecimiento de las requisas a las visitas, etc, etc. Cuando la defensa de los compañeros y algunos de los organismos que asisten las visitas semanalmente manifestaron la inquietud ante las autoridades del penal por el agravamiento injustificado de las condiciones de detención, estos informan que los presos políticos de Quebracho habían sido trasladados porque el lugar donde estaban hasta entonces sería ocupado por un grupo de represores de la dictadura.

21 DE AGOSTO: INICIO DE LA HUELGA DE HAMBRE

Ante las arbitrariedades demostradas en la detención de los compañeros, sindicados por ser responsables políticos de una legítima manifestación de parte de las organizaciones populares ante el asesinato de un maestro argentino y señalando al justo responsable de esa muerte, los compañeros deciden dar inicio a una Huelga de Hambre hasta lograr su libertad, exigiendo el cumplimiento de los derechos constitucionales que los asisten para esperar el juicio en libertad. Máxime, atendiendo que los responsables políticos de crímenes aberrantes, como el caso del ex gobernador neuquino Sobisch, no sólo gozan de libertad, sino que están eximidos de proceso judicial alguno, en clara demostración de las arbitrariedades de lo que se llama “justicia”.


CARTA POR EL INICIO DE LA HUELGA DE HAMBRE DE ESTECHE Y LESCANO

21 de agosto de 2007

Penal de Máxima Seguridad de Ezeiza, Bs. As.

HUELGA DE HAMBRE POR NUESTRA LIBERTAD

Faltando unos cuantos días para cumplir cinco meses de prisión, hemos resuelto, luego de haber esperado en vano alguna corrección a esta injusticia de parte de las instancias judiciales de apelación, exponer a los argentinos la penosa situación a que se nos somete hoy por el hecho de ser reconocidos militantes populares.

Hace casi cinco meses fusilaron a un trabajador docente en la trágica Neuquén, Carlos Fuentealba; y el autor ideológico y responsable político de semejante crimen hoy se pasea como gran señor en el mundo político.

Justamente como reacción a esta injusticia, Quebracho y otras organizaciones populares repudiaron a este siniestro personaje en su ostentoso local partidario porteño.

No pretendemos que todos compartan lo hecho. Sabemos que para algunos eso sólo fue una manifestación de impotencia. Sabemos también que para otros son equiparables algunos vidrios rotos con aquel sangriento fusilamiento. Y otros tantos, con desidia disimulada, proponen dejar las cosas en manos de la "justicia" y con complicidad disfrazada explican que "hay otros caminos", pero ni ellos ni nadie los recorren. Porque, en rigor, en nuestra Patria, vienen fusilando argentinos que luchan: desaparece López, una maestra se debate entre la vida y la muerte luego de que un funcionario embistiera una marcha y... nos preguntamos con todos ¿cuál debe ser la reacción, cuál la respuesta digna?

La respuesta la iremos construyendo entre todos, eso no lo dudamos, porque nuestro pensamiento no está contaminado de ninguna pretensión mesiánica ni de la soberbia que pretende poseer la verdad. Pero advertimos que la injusticia, la desigualdad y la impunidad son elementos que empujan a nuestro pueblo a reaccionar por su supervivencia y lo peor que enfrenta es la soberbia y el autismo. La realidad con la que se encuentra es la vida misma y no las tablas del INDEC.

Hay situaciones que constituyen crímenes que lesionan la búsqueda de Democracia con Justicia Social. El asesinato de Aníbal Verón en Salta a manos de un francotirador, Víctor Choque en Tierra del Fuego, Teresa Rodríguez en Cutral Có, los masacrados en el puente de Corrientes, Darío Santillán y Maximiliano Kostequi en Avellaneda, Javier Barrionuevo, los masacrados en el Argentinazo del 19 y 20 de diciembre, los pibes de Cromagnon, Carlos Fuentealba. Todos son argentinos que cayeron bajo balas de "fuerzas de seguridad" y salvo casos puntuales donde algún policía fue preso, ningún responsable político, ningún funcionario responsable de las represiones fue nunca procesado y mucho menos encarcelado. A lo sumo hubo algunas renuncias de funcionarios de tercera línea.

Mientras nosotros, dirigentes nacionales de Quebracho, reconocidos militantes del campo popular que no tenemos ningún cargo ni acusación por robo, tráfico de armas o drogas, violación, asesinato, cohecho, nada, ningún delito común pueden encontrar en nosotros; - mientras tanto estamos purgando una condena de hecho.

Casi todos los responsables de las muertes de argentinos ostentan hoy cargos públicos ejecutivos o legislativos. Todos viven bien y tranquilos en sus lujosas residencias.

Nosotros, después de esperar meses que gane la cordura, enfrentamos hoy una situación de reclusión penal. En una y otra instancia judicial nos imputan ser "responsables políticos" de los hechos. Se animan, los muy valientes, a cargar contra nosotros, mientras que ninguno gastó una gota de tinta en perseguir a los verdaderos saqueadores y asesinos.

Resultan procaces y obscenos reivindicando a la heroica generación de los ’70 mientras nos llaman “bestias” a nosotros por una vidriera rota.

Hoy empezamos una Huelga de Hambre hasta que se nos libere.

Es la única instancia que nos queda. Cuando nuestros compañeros construyen una marcha son encarcelados antes de bajarse de los trenes. A muchos les resulta indiferente esta situación de persecución sobre una organización popular; otros la festejan sordamente.

Nosotros no tenemos que estar presos, huelgan argumentos jurídicos que los abogados de FIDELA y CORREPI en cada recurso han presentado. Pero se hacen oídos sordos y se nos niega toda presunción de inocencia como el goce de libertad, porque ya se nos ha condenado, antes del juicio: (donde el juez ya anuncia para nosotros penas mayores a las mínimas).

Por otro lado ven todos los argentinos a unos cuantos sabandijas que, aun condenados, están en libertad. Ése es el país que padecemos.

Somos argentinos, tenemos familia, no somos delincuentes y todas nuestras acciones políticas están inspiradas en la búsqueda de la justicia social y la dignidad. Sabemos de persecuciones y de cárcel. Boli Lescano fue preso de Lanusse, de Isabel y las Tres A, de Videla; y Alfonsín lo tuvo preso unos años para sustentar la teoría de los demonios. No es un hombre millonario y sigue creyendo que es posible, con la fuerza de nuestro pueblo, construir un país mejor.

Esteche estuvo preso en Caseros por una causa que contra Quebracho inició Menem y Corach, instruida por el juez Liporaci, probado delincuente. Luego fue perseguido por Galeano, otro delincuente. Hoy nuevamente está en prisión.

Los jueces delincuentes no van a la cárcel, simplemente renuncian y cobran su jubilación.

Nosotros pedimos nuestra libertad, no es eso ninguna cosa excepcional ni privilegiada, es un derecho que tenemos como argentinos. Sólo nos queda plantear esa petición de esta manera. Que quienquiera sea, asuma la responsabilidad de tener a dos argentinos por opositores. Nosotros no podemos ya transcurrir esta condena pasivamente, como algo natural cuando es una aberración jurídica y política.

No vamos a pintar el paisaje social con toda su carga de drama para que se entienda porqué luchamos, esa es otra discusión. Pedimos nuestra libertad y el procesamiento de Sobisch.

Esta medida es la única que tenemos a mano. Nuestros compañeros son perseguidos, reprimidos y presos cada vez que se manifiestan por nuestra libertad.

Llamamos a las argentinas y argentinos que comprenden este justo reclamo de libertad a que nos acompañen con su solidaridad.

Un fuerte abrazo.

Fernando Esteche Raúl Boli Lescano

(miembros del colectivo de Presos Políticos "Carlos Fuentealba")



[1][1][1] Página/12; 9 de mayo de 2009.

[2][2][2] Página/12; 29 de abril de 2008.

[3][3][3] Página/12; 15 de noviembre de 2009.

[4][4][4] Página/12; 9 de mayo de 2009.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada